María del Carmen Alanis

Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Ningún festejo sería suficiente para conmemorar el logro de aquellas mujeres que desde la lucha insurgente, pero con particular ímpetu en la revolución y la postrevolución, impulsaron el reconocimiento de los derechos político de las mexicanas. Con gran capacidad persuasiva, lograron vencer los paradigmas de su tiempo para que la sociedad comprendiera que la suya no era una demanda excesiva, sino el justo reclamo de la mitad de la loblación de participar en la toma de decisines.

Contrario a la creencia popular, lo que ocurrió aquel 17 de octubre de 1953 no fue exclusivamente el reconocimiento al derecho al voto de la mujer. El cambio fue más profundo. Ese año se reconocieron derechos ciudadanos a las mexicanas, razón por la cual la Constitución reconoce también la potestad de ser electas, formar parte de los cuerpos decisionales en la administración pública, integrarse a partidos y, en suma, ejercer en igualdad de circunstancias que los hombres sus derechos político-electorales.

Las mujeres han asistido a las urnas cada vez que hay comicios. Al hacerlo participan en forma activa en la elección de sus gobernantes y, mejor todavía, en la conformación del mandato del que habrán de surgir las políticas públicas.

Sin embargo, a 60 años del reconocimiento de sus derechos ciudadanos en el país, las mujeres encuentran innumerables obstáculos cuando quieren ser ellas quienes formen parte de los organismos que toman decisiones. Tanto las mujeres que quieren construir al interior de los partidos un liderazgo que les permita competir por puestos de elección popular, como las que en la administración pública y la judicatura quieren erigir una carrera profesional, todas se topan con barreras.

Muchas de las limitaciones se encontraban expresamente en la Ley y han sido removidas a lo largo de los años, con la asunción del paradigma de la igualdad formal. Pero otras han sido más sutiles y derivan de aquella cultura androcéntrica que todavía cree, en forma absurda, que los hombres tienen mejores capacidades para la política que las mujeres. Su remoción ha costado mucho trabajo.

Son esas prácticas desiguales que ocurren al interior de los partidos, las organizaciones y hasta las instituciones públicas las que, aun cuando sutiles, no dejan de ser discriminatorias hacia la mujer.

De cara a ese contexto, en los últimos años ha cobrado vigencia un nuevo impulso a los derechos femeninos. Esta vez no son las sufragistas, sino mujeres comprometidas  las que exigen ante la justicia que sus derechos sean respetados. En la impartición de justicia y en e, derecho, las mujeres han encontrado un aliado que ha restituido sus derechos a muchas de ellas y, al hacerlo, se ha convertido en el más eficaz constructor de capacidades ciudadanas.

La paridad en la representación pública en México es un objetivo alcanzable, pero requiere que las mujeres ejerzan sus derechos y, cuando se enfrenten a discriminación o violaciones a sus prerrogativas ciudadanas, acudan a la justicia. Se requiere también una impartición de justicia capaz de juzgar con perspectiva de género.

¡La paridad no es un abuso, es restitución de derechos!

Artículo extraído de: María Guadalupe Suárez Ponce, coordinadora. 60/40 en 600. Hay Mujeres para Rato. (México: 2013).